La Corte Suprema de Brasil determinó que tiene competencia para juzgar a los militares acusados de algún tipo de participación en el intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el ocho de enero, cuando seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro asaltaron la sede de los tres poderes en Brasilia. En especial, estarán bajo investigación aquellos militares del Ejército pertenecientes a la guardia presidencial y a los servicios de inteligencia de la presidencia, que habrían omitido actuar ante el ataque.
El rol de los militares, bajo la lupa
La decisión fue tomada por el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, quien tuvo en cuenta una sugerencia de la Policía Federal debido a que muchos policías distritales de Brasilia acusaron a miembros de las Fuerzas Armadas de negarse a defender las instituciones e incluso participaron activamente del movimiento golpista. La decisión es inédita ya que los analistas del caso esperaban que los militares investigados fueran juzgados por los tribunales castrenses.
“Fijo la competencia del Supremo Tribunal Federal para procesar y juzgar los crímenes del ocho de enero, independientemente de que los investigados sean civiles o militares y es por eso que autorizo la apertura de investigación por eventuales delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y las policías relacionados a los atentados contra la democracia”, dice el fallo de Moraes, el magistrado que desde 2021 lleva adelante la megacausa sobre las fake news y el atentado al Estado de derecho por la cual fueron detenidos reconocidos activistas bolsonaristas y en la cual está investigado el propio Bolsonaro.
Moraes sostuvo que esta investigación no choca contra el principio de competencia de la justicia militar. “La justicia militar no juzga delitos de militares sino delitos militares”, subrayó el juez en ese sentido, amparado en el Estatuto Antiterrorista que estipula que en “actos que atentan contra el régimen democrático” la justicia “no está asociada a la función militar”, que tiene su propia jurisprudencia.
La Policía Federal había pedido a la Corte Suprema autorización para investigar la “supuesta participación” de efectivos de las Fuerzas Armadas y de las Policías Militarizadas en el delito de “abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado”. Moraes, en el mismo fallo, prorrogó por 60 días las investigaciones por los actos golpistas y en 90 las que avanzan sobre las “milicias digitales antidemocráticas” que habrían fomentado los mismos a través de las redes sociales.
