En Israel, una huelga general paralizó gran parte de la vida pública para presionar al Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu a un acuerdo para liberar a los rehenes aún en manos de Hamás.
En muchas ciudades de Israel, las oficinas de administración permanecieron cerradas este lunes 2 de septiembre y numerosos autobuses y tranvías fueron cancelados o solo circularon de forma limitada.
Algunas de las compañías relacionadas con el transporte que secundaron la huelga son la Autoridad de Aeropuertos de Israel o los puertos de Haifa, Ashdod, Eliad y Hadera. También lo hicieron la Compañía Eléctrica de Israel o el Servicio Postal.
El aeropuerto internacional de Ben Gurion, en Tel Aviv, detuvo las salidas de vuelos durante dos horas, hasta reanudarlas de nuevo alrededor de las diez de la mañana.
Además, la Universidad Hebrea, la de Haifa, la universidad Abierta o la de Ben Gurion son algunos de los 17 centros que confirmaron su participación, como también hicieron seis de los bancos principales del país.
Los hospitales sólo funcionaban parcialmente. Las asociaciones de empresarios apoyaron la huelga y permitieron que sus empleados se unieran a ella.
La huelga fue convocada por el mayor sindicato de Israel, Histadrut, en solidaridad con las familias de los rehenes, en un momento de creciente descontento en el país tras el hallazgo en la noche del sábado en Gaza de los cadáveres de seis rehenes, que fueron asesinados por Hamás entre el jueves y el viernes, tras haber sobrevivido a casi 11 meses de cautiverio, según el Ejército israelí.
Arnon Bar-David, presidente de la agrupación de sindicatos Histadrut, anunció que pondrá fin a la huelga a las 6.00 p. m. hora local (15:00 GMT). “No toleraré el abandono” de los rehenes, había dicho la víspera Bar-David, al anunciar la convocatoria.
Pero, según documentos judiciales vistos por Reuters, el Tribunal Laboral de Israel en Tel Aviv dictaminó que la huelga debe terminar a las 2:30 p.m. hora local (11:30 GMT).
El Fiscal del Estado había pedido a este tribunal que se pronunciase contra la huelga, asegurando que “no es una huelga por un conflicto laboral colectivo” sino política.
La demanda llegó después de que el ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, contactara el domingo con el Fiscal General para pedir medidas cautelares con respecto a la huelga.
